Esta semana todo el mundo va a opinar sobre Marbella y la corrupción, pero creo importante hablar de las víctimas más indefensas de la corrupción inmobiliaria, esos jóvenes que intentan encontrar su primera vivienda calzados con las zapatillas que les ha facilitado la Ministra Trujillo.
Antes los españoles teníamos la posibilidad de casarnos por lo civil o por la iglesia, pero ahora ya existe un vínculo que es más duradero y une más, por el compromiso que supone, y son ya muchas las parejas, hetero u homosexuales, que cuando les preguntas por su unión te contestan que ellos o ellas se han casado por el BBVA o el Santander o el Popular según los casos, y si son catalanes suele ser la Caixa la que oficializa su unión.
La verdadera ceremonia nupcial consiste en acudir la pareja y toda su familia como avalistas al Banco para firmar esta hipoteca que los atará, pase lo que pase, durante los próximos veinticinco o treinta años.
Allí en un despacho funcional y aséptico el Director de sucursal de turno, acompañado de un oficiante, notario o corredor de comercio, despliega todos los documentos para que los jóvenes incautos y sus desconsolados padres firmen uno por uno y en silencio el compromiso que les unirá a todos en su destino para siempre. Los padres del uno miran de reojo a sus yernos y nueras y piensan ¿ me saldrá rana?¿ Se quedará con el piso si las cosas van mal?
Una vez rubricada esta hipoteca, estos jóvenes pasan a engrosar uno de los dos bandos irreconciliables en este tema de la vivienda:
Los que ya han firmado una hipoteca, especialmente si esta es reciente, donde los bancos te atrapan para treinta o cuarenta años en hipotecas que en las zonas de la periferia de Madrid, ya no bajan de los 180.000 Euros.
Estos, al igual que los que ya tienen una vivienda en propiedad, ya no quieren saber nada de una hipotética bajada de los precios, puesto que si esta se produjera y estallara la burbuja inmobiliaria, se verían colgados con hipotecas que tendrían que seguir pagando y viviendas de inferior valor al comprometido, lo cual sería un drama y una crisis de incalculables consecuencias.
El otro bando es el de los jóvenes que con trabajos inestables y salarios de 600 euros al mes, intentan otear la posibilidad de independizarse y abandonar el domicilio conyugal antes de los 40 años, aunque siempre cabe el recurso de esperar un poco y si son hijos únicos aparcar a los padres en una residencia de la seguridad social, si encuentran plaza.
El PSOE y su ministra Trujillo están atrapados en este tema tan sensible para la opinión pública, pero con intereses contrapuestos, hasta el punto que cuanto más insisten en la bajada de los precios el electorado propietario o hipotecado rechina y "reza" para que no se produzca esta bajada que este colectivo solo pide con la boca pequeña y representa millones de votantes.
Por otro lado el PSOE está obligado moralmente a parar esta locura inmobiliaria, aunque no sea tan rentable electoralmente.
Así la ministra Trujillo pensó que tenía que buscar suelo público desesperadamente y se acordó de los terrenos de Renfe o del Ministerio de Defensa, pero una vez más chocó con la cruel realidad, estas entidades públicas cuentan con la puesta en valor de sus terrenos para poder paliar sus necesidades de inversión en un caso y en el otro para complementar los presupuestos del estado en Defensa.
Mientras tanto Esperanza Aguirre sube los precios de los módulos de la vivienda de protección oficial, expulsando del mercado a otro grupo importante de jóvenes que se ven con unos ahorrillos en sus cuentas ahorro vivienda que no les llegan ni para pagar el primer escalón de su futura casa.
Esperanza hace caso omiso de las peticiones de suelo de la Ministra y, al igual que otras Comunidades Autónomas, gobernadas por el PSOE, le recuerda que las competencias son suyas.
Si a esto le añadimos que los Ayuntamientos tienen su fuente fundamental de financiación en la vivienda, especialmente con el IBI (preguntar a Gallardón) y en la recalificación de suelo, el callejón no tiene salida.
En los últimos tres años el precio de la vivienda ha subido más de un 48% y solo el 10% de las nuevas construcciones son viviendas de protección oficial.
El objetivo fundamental es al menos, frenar el crecimiento de los precios, este endeudamiento brutal de las familias detrae recursos para otro tipo de consumo y el frenazo económico tarde o temprano llegará y ya se nota en el sector servicios.
Mientras tanto las mafias inmobiliarias van ampliando el control sobre ediles y concejales corruptos que ven la oportunidad de resolver su vida en poco tiempo.Ojalá el mismo interés que se está tomando la justicia en destripar la corrupción en Marbella se aplique también en otros municipios, donde verdaderos delincuentes usurpan las siglas de partidos políticos para hacer su agosto particular.
Los tiburones del ladrillo tienen prisa, la fiesta se acaba, el Euroibor se situará a finales de año en el 4% y la burbuja inmobiliaria puede pinchar en el 2007.
Mariano Santiso del Valle
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